El pasado mes de Noviembre la Sala 8ª. de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anuló el concurso de TDT local adjudicado en 2005 por el Vicepresidente del gobierno regional Ignacio González. La sentencia se fundamentaba en la "ausencia de motivación mínima imprescindible de la justificación de la propuesta", o lo que es lo mismo, que salvo que se demuestre lo contrario, el concurso se falló atendiendo únicamente a la apreciación subjetiva del Órgano de Contratación, que no es otro que el segundo de Esperanza Aguirre, al que los informes que circulan estos días, señalan como responsable de contrataciones que han favorecido a amigos y familiares. Precisamente, la mencionada sentencia daba un plazo de un mes para que la Mesa de Contratación motivara la propuesta y otro mes para que el Vicepresidente efectúe un nuevo fallo en base a la ponderación de los criterios de adjudicación. Es decir, que las nuevas concesiones de licencias de TDT se van a adjudicar coincidiendo con la investigación abierta por la fiscalia deMadrid sobre el caso de espionaje a políticos madrileños efectuado presuntamente por funcionarios dependientes de la Comunidad, con la denuncia del propio Ignacio González sobre el mismo caso y con la constitución de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Como se recordará, la adjudicación de la TDT madrileña fué una de las medidas más polémicas del gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que benefició a empresas, la mitad de ellas constituidas con el concurso ya convocado, con una clara línea editorial favorable al PP y a Esperanza Aguirre. Medios como El Mundo, La Razón, Intereconomía, Libertad Digital o la COPE fueron algunos de los escogidos. Especialmente llamativa fue la concesión de 8 licencias en otras tantas demarcaciones al empresario cinematógrafico Enrique Cerezo, socio y compañero de banquillo del fundador de la Marbella malaya, el fallecido Jesús Gil, y que cuenta entre sus méritos con una condena por apropiación indebida de la que fuera una de las principales instituciones de la región, el Club Atlético de Madrid, de la que fué absuelto posteriormente por......prescripción del delito. Uno de los asuntos que figuran en los informes cuya autoría es aún desconocida, es el de la adjudicación de la distribución de la señal de la TDT a una empresa, también de nueva creación liderada por el cuñado del gerente del Canal de Isabel II, empresa pública presidida por Ignacio González. La venta del 80% del capital de Teledifusión Madrid a Abertis ha sido considerada como un auténtico pelotazo, por las plusvaliás alcanzadas en tan poco tiempo. También resulta sorprendente que esa empresa privada venga utilizando varias instalaciones del Canal como emplazamiento de sus transmisores sin que hasta el momento se conozca el tipo de contraprestación por el que se realizan estos servicios. Precisamente, la obligación de emitir a través de una empresa designada por la Comunidad de Madrid, fue una claúsula del pliego de condiciones del concurso objeto de consulta por parte de la Asociación de Televisiones Locales de Madrid a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. El organismo regulador en su resolución consideró ilegal esta pretensión del gobierno de Madrid porque creaba de hecho un monopolio en la prestación del servicio que podría imponer sus precios a los operadores de TDT, medida contraria a la liberalización de las telecomunicaciones imperante en toda la Unión Européa. Era necesario para esquivar la resolución de la CMT que en vez de que la prestación se hiciese de manera obligatoria se hiciese de manera voluntaria, y esto solo podría hacerse asegurandose de que todos los adjudicatarios estarían de acuerdo en emitir a través de un único operador: en el paradigma del neoliberalismo español, se promueve un monopolio informativo y empresaria afín a la causa.
Parece de sentido común que con este clima tan viciado, y hasta que no se sustancien todas las investigaciones vinculadas a quien tiene de decidir el resultado del concurso, que éste se anule definitivamente. Con estos precedentes y las acusaciones de favoritismo político y empresarial de que ha sido objeto el concurso de la TDT en Madrid, la sospecha sobre la concesión de licencias gravitaría para siempre y en todo caso, daría lugar a nuevas impugnaciones por la vía contencioso administrativa. Bastaría que el concurso impugnado se declarara desierto, dando un plazo máximo de tres meses para que se convocara uno nuevo con mayores garantías de transparencia y pluralismo, entre ellas, que a los órganos de contratación se incorporara una representación proporcional de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Igualmente, y para no perjudicar ni a los que inicialmente resultaron adjudicatarios, ni a los impugnadores que estuvieran emitiendo legalmente en la fecha de la convocatoria, el Gobierno Regional, en el uso de sus competencias, de una autorización provisional mientras se resuelva el nuevo concurso. Y es que lo único que parece no estar en duda en la política madrileña, es que Ignacio González es todo un especialista en canales.
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