Tal como comentaba hace unos días, el concurso de la TDT de Madrid tendría que haberse fallado hace unas semanas. Mientras tanto van apareciendo nuevas revelaciones sobre los casos de espionaje y corrupción que afentán a distintas administraciones gobernadas por el PP. Entre ellas la implicación en supuestos sobornos y trafico de influencias que aputan directamente al empresario imputado por el juez Garzón, José Luis Ulibarri. Recordemos que está misma persona ha sido beneficiada por un importante número de licencias digitales en las comunidades de Castilla-León y Valencia, es decir, por la decisión de gobiernos del PP. ¿Cómo no dudar de la falta de objetividad de esas concesiones?. ¿Habrá ofrecido alguna comisión a cambio, como parece ser costumbre?, ¿Habrán intermediado las poderosas influencias de sus "populares"amigos?. Es decir, unas concesiones sobre las que ahora gravita una fundada sospecha. De igual manera, la anulada Orden de Ignacio González por la que se adjudicaban las licencias de TDT local en Madrid a unas empresas sin experiencia en el sector ha quedado totalmente deslegitimida por los nuevos datos que ha revelado la prensa en estos días. Especialmente esclarecedora es la constitución, unos meses después de la concesión, de una empresa destinada a transmitir la señal de televisión, participada por todos los adjudicatarios y por Secuenzia Pixels, entidad que tiene como Consejero Delegado a Enrique Ruano, a la sazón cuñado de la mano derecha del Vicepresidente del Gobierno Regional y Presidente del Canal de Isabel II. ¿Casaulidad?
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